martes, 7 de marzo de 2017

Las Explicaciones sobre Chinchero

Hace una semana, el ministro de Transportes efectuó una amplia exposición en la ciudad del Cusco, para responder los diversos cuestionamientos contra la adenda firmada en el contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

En ella precisó que los puntos establecidos en el contrato de concesión (firmado en el marco de una asociación pública-privada en julio del 2014) no han sido modificados por la adenda. A tal efecto, señaló que:

1. El Estado no desembolsará ningún monto adicional sobre lo que ya se había establecido en el documento inicial. La parte que le toca continúa siendo de US$ 410 millones (145 para el movimiento de tierras y 265 para la construcción de la infraestructura).

2. El Estado no está añadiendo a sus responsabilidades el monto del movimiento de tierras, ascendente (como acabamos de señalar) a US$ 145 millones, pues dicho monto siempre ha estado contemplado en el contrato, como responsabilidad total y absolutamente suya.

3. Al Estado también le corresponde aportar US$ 265 millones para la construcción de la terminal. Es sobre ese monto que se ha generado el malentendido, cuando lo único que se ha hecho es variar el esquema de financiamiento. El contrato establecía que el concesionario Kuntur Wasi asumiría temporalmente esa parte correspondiente al Estado, para que luego éste le devolviera el dinero en un plazo de quince años. El problema es que con ese mecanismo el Estado habría tenido que devolver al concesionario nada menos que US$ US$ 854 millones (589 más que los inicialmente previstos), debido a la elevada tasa de interés a la que se concertó el crédito (pues no se había fijado ningún tope para dicha tasa). Para evitar ese esquema de financiamiento, éste prefirió promover la firma de una adenda, en la que se compromete a aportar, de fuente propia, los US$ 265 millones que le corresponden, que no serán desembolsados de inmediato, sino según el avance de la obra, a lo largo de los cinco años que tomará ésta.

4. No se ha reducido la obligación del concesionario, que, tal como se estableció en el contrato, invertirá US$ 119 millones (una parte en la construcción y otra en el pago del supervisor).


4. Se intentará reducir el plazo de la concesión, de los cuarenta años contemplados en el contrato, a treinta. Ello se planteará apenas se cumplan (en julio de este año) los tres años desde el momento de la firma, plazo mínimo legal para hacer cambios de esta naturaleza.

Esos constituyen los argumentos del ministerio para defender el contrato y su adenda. Los mismos han sido considerados correctos y adecuados por diversos especialistas, pero objetados por otros.

La Contraloría, por ejemplo, señala que la firma de la adenda podría ser ilegal. Teniendo eso en cuenta, el ministerio ha optado por esperar hasta que la entidad haga sus averiguaciones, determine que todo está de acuerdo a ley y le dé el visto bueno.

La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, manifiesta que tanto el contrato como la adenda atentarían contra los intereses del Estado y favorecerían a Kuntur Wasi, por lo que pide a la fiscalía incluir al ministro en la investigación que se viene siguiendo a los funcionarios de Proinversión que hicieron la adjudicación el año 2014. Según la entidad, la adenda ha desnaturalizado el contrato, al trasladar al Estado la mayor parte del riesgo del proyecto. Además, ha permitido que se mantenga, pese a esa disminución del riesgo para el consorcio, el extenso plazo de cuarenta años de la concesión.

Sobre la observación acerca del riesgo señalada por esta última entidad, cabe reiterar que el Estado no ha variado la participación que le correspondía como cofinanciador del proyecto, pues lo único que ha hecho es renunciar a un financiamiento caro que le otorgaba el consorcio privado y comprometerse a cubrirlo con sus propios recursos. En cuanto al plazo, el ministro ya explicó en su exposición la razón por la que no se exigió su reducción, cosa que sí se hará a partir del 4 de julio.

Es necesario precisar que con la adenda no se ha incrementado el costo de la obra, ni modificado el monto de inversión que debe aportar cada participante: el Estado continúa con su obligación de invertir US$ 410 millones, en tanto que el consorcio deberá responder por los US$ 120 millones restantes.

Hay que señalar, de otro lado, que la observación de la Procuraduría ha generado varias objeciones, pues un buen número de especialistas independientes manifiestan que carece de suficientes fundamentos.

Habrá que ver qué pasa en los siguientes días y semanas. Ojalá todo discurra por el camino del adecuado esclarecimiento, de tal manera que cuando se inicie la obra lo haga en un ambiente de pulcritud legal y económica, libre de dudas y objeciones.

Fotos: Flickr MTC

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